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Carbón Blanco: el 28 comenzaría el juicio por lavado de activos contra cinco imputados

Salvatore fue condenado por el TOF de Resistencia por el contrabando de cocaína a Europa y según sus abogados la condena no está firme. Ahora deberá responder él y otros cuatro imputados por el lavado de activos. 

El tribunal

En tanto, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el lunes que un tribunal debe juzgarlo y no una sala unipersonal como se previó originalmente. Ahora se necesitan otros dos magistrados con agenda disponible.

Los elegidos serían los correntinos Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni que estarían junto a Juan Manuel Iglesias, hoy el único integrante del Tribunal Oral Federal luego de la jubilación de Ana Order. De momento las fuentes consultadas no pudieron precisar si los tres podrán estar presentes para la fecha que se previó cuando sólo estaría presente Iglesias y quien será el cuarto juez.

Los imputados

También deberán resolver cómo los imputados seguirán el juicio. Por un lago, los abogados de  Salvatore aseguraron que por su estado de salud no puede ser trasladado a Resistencia y deberá permanecer en la cárcel de Ezeiza.

En tanto, el suegro Santiago Valles Ferrer está con el beneficio de presión domiciliaria y deberían determinar si es trasladado a Resistencia para que siga desde la capital chaqueña el proceso.

Por su parte, la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles Paradiso, está presa y por lo tanto deberían definir los integrantes del TOF si viaja hasta la provincia donde no existe una cárcel federal para mujeres. La opción es que siga el proceso por videconferencia.

Otro imputado detenido es Ricardo Gassan Saba, que fue sindicado como uno de los socios para lavar el dinero. Él está alojado en la cárcel de Sáenz Peña y sería el único que no tendría problemas en asistir a la sala dado que únicamente hay que trasladarlo hasta la U7 donde permanecerá alojado hasta que finalice el juicio.

Finalmente, Carla Yanina Salvatore D’ursl, es hija del principal imputado está excarcelada y debería asistir a todas las audiencias más allá de que sus defensores puedan presentar algún recurso. 

A su vez hay que recordar que por esta causa le trabaron embargos a Carlos Alberto Salvatore por  $759.653.024; a Silvia Susana Valles Paradiso, $505.381.052; Santiago Valles Ferrer, $81.401.720; Ricardo Gassan Saba, $ 264.816.296; y  Carla Yanina Salvatore D’ursl, $6.000.000.

También cuando arrancó la causa por lavado de activos hubo otros imputados que con el tiempo fueron obteniendo los beneficios de falta de mérito o demostraron no tener nada que ver con esta organización.

Los acusadores

El representante del Ministerio Público Fiscal será el fiscal ante el TOF, Federico Carniel quien podría recibir el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que está a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta. El primero de ellos estaría presente en algunas audiencias.

A su vez se espera que Unidad de Información Financiera (UIF), que presentó el recurso ante Casación, envíe representantes en este proceso en el que actuaría como querellante. 

Los elementos

Según se informó  en su momento “se acreditó cómo esta organización aplicó mínimamente desde el mes de mayo del año 2005, el producido de la ilícita actividad desarrollada en el mercado. También se estableció que Carlos Salvatore asumió un rol de liderazgo en esta empresa delictiva. El ejercicio de este rol surge no sólo de su rol formal de presidente de la mayoría de las sociedades involucradas, sino que surge prístino de la vasta prueba aunada durante la investigación”.

Y cuando el Ministerio Público Fiscal  solicitó la elevación a juicio detallaron que “las pruebas recolectadas durante la investigación permitió acreditar la utilización una gran cantidad de sociedades comerciales constituidas como vehículo para ocultar el origen ilícito de los fondos, que sistemáticamente fueron aplicados de manera diversificada a actividades como el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, la adquisición de propiedades y vehículos de alta gama, inversiones financieras y hasta la realización de largos cinematográficos”.

“Las sociedades comerciales bajo análisis funcionaban como una pantalla, una fachada para canalizar al mercado legal los recursos provenientes del contrabando de estupefacientes. Por caso, la sociedad Lugin SRL fue una de las firmas más utilizadas para ejecutar las maniobras de lavado”, indicaron. 

“En otros casos, Salvatore y alguna de las personas de su círculo íntimo ingresaban formalmente a sociedades constituidas varios años antes y, una vez al mando del Directorio, aumentaban sideralmente el capital social, tal como sucedió con “Saint Maxime S.A.”. Salvatore y su esposa ingresaron a la entidad en marzo de 2004; un año después, se aumentó el capital social de $12 a $36.000 a través de capitalizaciones y, finalmente, en 2006 se produjo un nuevo incremento que lo llevó a 1.700.000 pesos”, aseguraron.

“Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes, que tenía como objeto de realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras”, definieron.

“Siempre bajo el liderazgo de Salvatore, los imputados constituyeron  a fines de 2005 la firma CS Entertainment S.R.L., cuyo objeto social preveía la producción, edición y distribución de imagen y sonido digital, entre otras cuestiones. Más tarde se asoció a la firma Manos Digitales Animation Studio .A.” –cuyo directorio también presidía Salvatore -para coproducir el largometraje infantil “Plumíferos, aventuras voladoras, con la participación de los reconocidos actores Luisiana Lopilato y Mariano Martínez, quienes le dieron voz a los personajes animados. La realización del film se logró mediante una inyección de 700.000 dólares”, señalaron en su momento en el portal Fiscales.

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