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El ex intendente de Itatí, su vice, funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad, a juicio por narcotráfico

El juez federal porteño Sergio Torres dio por finalizada la instrucción de la causa y pidió que los imputados sean juzgados por “asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”.

Además de Terán (51) y Aquino (36), serán sometidos a juicio Hebelin (29) y Cristian Aquino (41) -hermanos del ex vice-; la ex secretaria municipal Corina Noguera (31), el efectivo de Prefectura Naval Argentina (PNA) Julio Saucedo (26), el comisario de la Policía local Diego Ocampo Alvarenga (51), el sargento de la seccional Itatí, Mario Molina (34); y la cabo Gabriela Quintana (30).

También irán a juicio oral el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Rubén Ferreyra (45); el sargento de la PFA Carlos López (40); el gendarme Gabriel Alcaraz (38); el abogado Omar Serial (34); Francisco Noguera (27); Alejandro Piris (40); Alejandro Gayoso (45); Federico Neme (31); Liliana Bobadilla Ríos (36); Silvina Ayala (28); y Angélica Saucedo (44).

Estarán en el banquillo, además, Carlos Bareiro (38) -acusado de ser uno de los cabecillas de la organización-, Franco Rodríguez (22), Eduardo Correa (36), Carlos Romero (48), Melanio Mareco Vargas (56), y un adolescente.

Fuentes judiciales informaron a Télam que de los 26 imputados, sólo un adolescente menor de edad y el policía Molina se encuentran excarcelados.

Según el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso Télam, las maniobras comenzaron en mayo de 2014 y se determinó que la marihuana provenía en “panes” o “ladrillos” y vía fluvial desde Paraguay, para luego ser distribuida en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Durante la investigación se estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná.

Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores. La distribución se realizaba “a los lugares acordados con los diferentes compradores, tratándose de otras células delictivas dedicadas a las mismas actividades que continuarían la secuencia ilícita hasta su comercialización final”, indicó el juez Torres en su escrito.

Para el magistrado, la organización estaba dividida en tres células y los cabecillas de cada una de ellas eran Carlos Bareiro (actualmente detenido en la provincia de Chaco) y los prófugos Luis Alberto Saucedo, alias “El Gordo”; y Federico Sebastián Marín; por quienes se ofrece una recompensa de 500.000 pesos.

Por su parte, “Roger” Terán -por entonces jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes- era el encargado de “coordinar la obtención de la droga” y dar protección a los demás integrantes de la banda, al igual que su ex viceintendente; y que ambos tendrían un “vínculo cercano con autoridades de la gobernación”.

En el caso del ex miembro de la PNA Saucedo, sobrino de “El Gordo”, se le imputa el rol de distribuir la droga al tiempo que se investiga si hasta gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería.

Respecto al comisario Ocampo Alvarenga, el juez Torres remarcó que “brindaba protección a los narcotraficantes, información y acción directa frente a un procedimiento de otra fuerza, invocando jurisdicción local” y que guardaba dos panes de marihuana en su seccional al momento de los allanamientos.

Sobre los demás acusados, el magistrado indicó que “estarían abocados a la manipulación directa de la droga, su transporte, al monitoreo de las rutas y caminos alternativos, como así también a coordinar con quienes recibirían los cargamentos de estupefacientes”.

Por último, la acusación determinó que el dinero obtenido de comercializar la droga era “lavado” mediante la compra de viviendas y vehículos, que eran puestos a nombre de terceros con cédulas verde que autorizaban el manejo por parte de sus reales propietarios.

La banda fue desbaratada en marzo de 2016 con el “Operativo Sapucay” que incluyó una serie de allanamientos en distintos puntos del país y la detención de casi todos los mencionados acusados, aunque con el desarrollo de la investigación apresaron a otros imputados que no serán juzgados en este debate.

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